El feminismo de clase ante las agresiones sexuales en el ámbito laboral

El feminismo de clase ante las agresiones sexuales en el ámbito laboral.

El pasado mes de Junio se conocieron las numerosas denuncias por acoso sexual que las temporeras de la fresa en Huelva habían interpuesto contra el empresariado que las explota laboralmente con connivencia de la administración pública. Cuando parecía que las condiciones de explotación del trabajo agrario se encontraban ya en el límite de lo insostenible (condiciones insalubres, alta siniestralidad, jornadas extenuantes, salarios de hambre, etc.) se hacen públicos hechos que acreditan la necesidad y urgencia de la lucha por la salida de esta situación y contra quienes la producen.

Aquellos que dan origen a esta situación, una patronal a la que se le permite la dirección y destino del sector agrario y una administración pública que no solo desatiende el control y fomento de los derechos de las trabajadores y trabajadores, sino que también construye marcos de legalidad donde el empresariado opera con total impunidad. El convenio entre la ANAPEC y el ayuntamiento de Cartaya (Huelva) son un claro ejemplo de ello. El empresariado, determina las condiciones que las trabajadoras deben cumplir para ser contratadas, entre ellas, tener como mínimo un hijo y poseer la carta de autorización de su marido para realizar el trabajo. Y la ANAPEC se encarga de seleccionar y gestionar la entrada y asegurar la salida de las migrantes del territorio español. La tutela de las mismas, así como de las condiciones laborales de salvaguarda de sus derechos, quedan nuevamente en manos de la patronal fresera. Según el último informe de la Mesa de la Integración del pasado año “Son múltiples las Entidades Sociales que han denunciado públicamente la situación en la que se encuentran obligados/as a vivir los/las migrantes (…) las condiciones de insalubridad de los asentamientos chabolistas son un hecho conocido”. Estos asentamientos se encuentran en el mismo centro de trabajo, alejados de núcleos urbanos o rurales, lo que impide la libre circulación de las migrantes. Estas condiciones de vulnerabilidad aumentan el riesgo de sufrir agresiones sexuales así como la impunidad de las mismas.

Hace pocos días, conocíamos gracias a una denuncia anónima a través de un buzón habilitado por CCOO, que casos similares habían tenido lugar en Albacete. Juan Cuevas el responsable de industria-CCOO de Albacete explicaba las amenazas y chantajes recibidos por las trabajadoras a las cuales se les obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de su continuidad. Según Cuevas la Inspección de Trabajo ya había abierto una investigación al respecto. El anonimato de la denuncia evidencia nuevamente la situación de vulnerabilidad a la que se encuentran sometidas las temporeras.

Por desgracia no puede concluirse ni reducirse este grave problema a un reducido número de empresarios o intermediarios sin escrúpulos. La falta de garantías, la ausencia de control y fomento público de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y trabajadoras ante una patronal que por su propia naturaleza pretende el máximo beneficio al menor coste y a la que se le permite la guardia y custodia de aquellas y aquellos a quienes explota no son las únicas condiciones que generan esta situación.

La triple explotación a la que se ven sometidas las trabajadoras alimenta su vulnerabilidad e impide su defensa. Cargan con la explotación laboral, con la libertad que el bipartidismo ha dispuesto para quienes les explotan, y la salvaguarda de los intereses privados por encima de los públicos. Cargan con el peso del trabajo de cuidados, el trabajo invisible que garantiza gratuitamente los procesos de reproducción social de la vida. Sobre sus hombros descansa la continuidad del mundo que nos rodea. Sobre sus hombros ya cansados recae la perversión que convierte su propio cuerpo en propiedad ajena. La violencia sexual es la cara más brutal y que mejor manifiesta la naturaleza de los potentes vínculos entre patriarcado y capital. Las relaciones de poder impuestas por la explotación laboral convierten el cuerpo de la mujer en territorio conquistado y viceversa.

Las relaciones de poder sobre las que se desarrolla el control del cuerpo y la libertad sexual de las mujeres gozan de una relación de interdependencia con las relaciones de poder que sustentan el dominio y control del capital sobre las trabajadoras y los trabajadores. Ambas ramificaciones deben ser abordadas.

Las características de la naturaleza de la explotación de las trabajadoras y trabajadores del sector agrario dependen a su vez de la forma en que se organiza y estructura la propiedad de la tierra. Y en este sentido, son pocos los cambios sucedidos en la situación agraria en nuestro país, más allá de aquellas que dependen de la evolución de la tecnología e ingeniera  agrícolas. La concentración de la propiedad de la tierra pasó de la mano del latifundista a la del monopolio. La reforma agraria abandonada por trivial recobra  importancia cuando se conocen los datos aportados por la Red Europea Farmsubsidy, preocupada por la injusticia de la PAC, los cuales nos indican que el 18% de los beneficiarios obtiene el 85% de los pagos. El estudio de la evolución de la estructura de la propiedad  de la tierra señala el fortalecimiento de la gran propiedad de las burguesías agrarias regionales y su enriquecimiento con capitales urbanos. La concentración de la propiedad, resultado de relacionar el valor catastral con el número de titulares, ofrece una media nacional de 3,5 vc/nt. En Albacete esta relación es más del doble de la media ofreciendo un valor de 7,7 vc/nt. La provincia de Sevilla multiplica por 6 la media anual con una concentración de la propiedad de 23,2 vc/nt, Almería la cuadriplica con valor de concentración de la propiedad de 16,1 vc/nt. (Según los datos aportados por el estudio realizado por Pillet Capdepón en Investigaciones Geográficas)

La propiedad de la tierra se traduce en el control de las condiciones de explotación de la misma. Una administración pública preocupada por subsanarinjusticias y garantizar la dignidad del trabajo agrario podría resultar un remedio adecuado para el problema de la concentración de la propiedad de la tierra. La colectivización agraria y la entrega de la propiedad de la tierra al colectivo de trabajadoras y trabajadores agrarios sometidos a la explotación directa de los monopolios financieros y las largas cadenas de comercialización de sus productos incidirían, no en las consecuencias, sino en la raíz del problema.

Defendemos, por tanto, los vínculos entre la lucha feminista y la defensa de la propiedad social de la tierra. La superación del modelo especulativo actual donde las empresas capitalistas (industriales, comerciales,financieras) se apoderan de grandes extensiones de tierragenerando estructuras y relaciones de poder que subyugan a la clase trabajadora y especialmente a las trabajadoras, oprimiendo y explotando su libertad supone una condición sin la cual todo remedio resulta provisional y estéril.

Insistimos en la unión y organización de las trabajadoras y trabajadores, en la cooperación y la lucha conjunta para enriquecer lazos de solidaridad que apoyen y den fuerza a las trabajadoras agredidas sexualmente a perder el miedo y realizar las denuncias oportunas. Las agresiones sexuales en el ámbito laboral afectan a toda la clase trabajadora, son síntoma del dominio y la explotación que sufre y contribuyen a fortalecer las relaciones de dominio que sobre ella se ejercen. El feminismo constituye una tarea ineludible de la lucha obrera organizada, la lucha obrera organizada constituye un frente ineludible del feminismo.